CORRUPCION EN SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Piden investigar al titular de Registro y Control de la secretaría, José Luis Vicente García, quien a pesar de estar cerradas las oficinas expidió los documentos

En un acto evidentemente irregular y fuera de la ley, funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transportes de Chiapas, autorizaron el emplacamiento de 24 unidades de trasporte público en la modalidad de colectivos para distintas rutas de la ciudad de Tapachula, lo que ha generado inconformidad de los transportistas organizados y concesionados de la costa de Chiapas, además de grupos de choferes que mantienen desde hace años solicitudes en esa dependencia.

Uno de los representantes del transporte, Pacifico Cabrera Gálvez, expuso que el gremio organizado y transportistas que han sido respetuosos de la Ley, solicitan al gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, la destitución inmediata y la investigación correspondiente del Director de Registro y Control de la Secretaria de Movilidad y Transportes, José Luis Vicente García, quien dio la autorización y orden de emplacamiento de las unidades del transporte público.

Aun cuando las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transportes se encuentran cerradas y no hay actividades administrativas y de atención al público por la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 y únicamente el trabajo de supervisores y prioritarios, el director de Registro y Control José Luis Vicente Garcí, autorizó una orden de emplacamiento con fecha de expedición 22 de mayo para 24 unidades de transporte público en la movilidad de colectivos a la “Sociedad Cooperativa 11 de septiembre del 2001 SC de RL de CV”, entre otras representadas por Orlando Ortiz Arévalo.

Las acciones realizadas en lo oscurito, de manera irregular y aprovechando la confianza de sus superiores y traicionando la confianza del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se emitió la orden de emplacamiento que está fuera de contexto y sin el sustento legal toda vez que el historial de esa solicitud surge del amparo 2319/2017, con el que se pretendía poner a trabajar a 73 unidades y que el proceso de revisión fue revocado.

Ese expediente quedó como caso juzgado y cerrado, toda vez que había sobreseído y que la Secretaria de Transportes inició el procedimiento de revocación y emitió un acuerdo cumpliendo con la sentencia del juez, pero que por corruptelas se habría otorgado la orden de emplacamiento.

Ante esta situación que es evidentemente irregular, fuera de contexto por parte de personas que se dicen influyentes y que utilizando redes de corrupción buscan obtener concesiones de trasporte público y en el que algunos funcionarios se prestan a ello, como en este caso la emisión de órdenes de emplacamiento sin cumplir con los requisitos que marca la ley de transportes y su reglamento como haber ocurrido una sesión pública, haber estado publicado en el periódico oficial y en el momento oportuno.

Finalmente, a nombre de los transportistas solicitan al gobernador Rutilio Escandón, tomar cartas en el asunto y terminar con corrupción de funcionarios como el director de Registro y Control de la Secretaría de Movilidad y Transportes, José Luis Vicente García, que afectan las acciones de trabajo coordinado, transparencia y rendición de cuentas que asumió este gobierno.

Estas acciones han provocado inconformidad entre el gremio transportista y se está desestabilizando la armonía y el proceso que se había anunciado la autoridad ante el posible concesionamiento ordenado en el sector transporte para aquellos lugares donde realmente se necesitan más unidades.