Vinculan a proceso a sujeto acusado de pederastia agravada

• Le dieron 60 dias de prisión preventiva.
• Familiares de la víctima agradecen trabajo de policías por detener a este sujeto

Tapachula, Chiapas. El juez que emitió una orden de aprehensión en contra del hermano del presiente de la comisión estatal de los derechos humanos, vinculó a procedimiento y dio 60 días para determinar su situación jurídica.

Desde hace un año, el juez había liberado la orden de aprehensión, pero no sé ejecutaba debido al temor que le tenían al presiente estatal de los derechos humanos, quién había pedido a policías que no detuvieran a su hermano.

“No pueden detener a mi hermano, soy el presiente de los derechos humanos, ordenó que lo dejen en libertad o tendrán consecuencias sus actos”, fue la amenaza del que se dedica a cuidar los derechos de las víctimas.

Ángel Augusto N, fue detenido por elementos de la Policía Especializada y entregado al juez que lo reclamaba.

Resulta que el citado individuo está acusado por el delito de pederastia agravada en agravio de una menor, hechos ocurridos en el municipio de Tapachula y por eso tenía una orden de aprehensión girada por el juez de control región 02, de distrito judicial de Tapachula.

Sobre los hechos, la Fiscalía de distrito fronterizo inició una carpeta de investigación por el delito de pederastia agravada de acuerdo a la causa penal 152/2019.

En ese sentido, los elementos de la Policía Especializada se dieron a la tarea de buscar al acusado, hasta que lo localizaron por el rumbo d la colonia Seminarista, cerca de Los Laureles.

Los elementos de la policía especializada dieron cumplimiento a la orden de aprehensión, pero en ese momento arribó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos humanos con sede en Tapachula, quién intentó obligar a los agentes a dejarlo en libertad, debido a que iniciaría un procedimiento penal en contra de los policías.

Los amenazó que si no dejaban en libertad a su familiar, iniciaría el procedimiento penal en contra de los agentes, ya que tenía el poder con el gobierno estatal para decidir los ceses en contra de los policías.

Los elementos de la policía especializada informaron que tenía una orden judicial y que sería complementado, ya que el juez había solicitado su localización y presentación.