Acuerdan acciones legales para exigir el cumplimiento a Grupo Inmobiliario y Constructor de la Costa S.A. de C.V.
Tapachula, Chiapas.- Luego de ser defraudados por el Grupo Inmobiliario y Constructor de la Costa S.A. de C.V., que actualmente representa la C. Marisela Pérez Hernández, vecinos del fraccionamiento “El Jardín”, ubicado en el Libramiento Sur de esta ciudad de Tapachula,, informaron que entablarán una demanda legal para exigir el cumplimiento el contrato de compraventa que contempla la dotación de los servicios de agua, energía eléctrica y drenaje, compromiso incumplido por más de 25 años.
Carlos Gálvez Ramos, Norma Diana Consuegra Orella y Manuel de Jesús Brindis Cruz, representantes del comité del Fraccionamiento El Jardín, dieron a conocer que son 220 lotes los que integran este fraccionamiento, de los cuales 150, ya cuentan con escritura, sin embargo, la inconformidad creció porque además de no cumplir la parte de su contrato, la inmobiliaria entorpece y manipula la escrituración de los propios lotes.
Comentaron que de acuerdo de las cláusulas del contrato de compraventa, el costo de los lotes consideró el pago de introducción de los servicios básicos de agua potable, drenaje y energía eléctrica, sin embargo, a más de dos décadas no han podido ocuparlos por la falta de las condiciones sanitarias y de habitabilidad.
La persona que hizo el trato con los vecinos de nombre Jorge Pérez Trujillo falleció y la inmobiliaria quedó bajo la responsabilidad de C. Marisela Pérez Hernández, por lo que plantearon dar paso una respuesta concreta en el que los más de 200 vecinos tengan la posibilidad de acceder a sus terrenos.
Asimismo, reclamaron que la inmobiliaria ha hecho tratos ilegales con otras personas al pretender vender lotes que ya tienen dueño, así también, en otros casos hay vecinos que hicieron el pago con dificultades, es decir, se atrasaron, pero ya resolvieron la deuda, sin embargo, los dueños no han querido reconocerlo.
Finalmente, pidieron la intervención de las autoridades municipales y estatales, para mediar esta situación, pues podría originarse una desestabilización social, ya que son más de 200 familias que reclaman los servicios básicos para poder edificar y vivir en sus predios
