Tapachula, Chiapas.— Corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo este viernes el retiro de un campamento irregular instalado frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), donde presuntamente operaba un grupo dedicado a ofrecer trámites migratorios falsos a personas en búsqueda de refugio.
Según información confirmada por autoridades que participaron en la intervención, policías municipales habían recibido desde hace varias semanas múltiples reportes sobre un hombre que se presentaba como abogado, quien junto con otros colaboradores construyó un pequeño cibercafé y una estructura de block dentro del predio invadido. Desde ese sitio ofrecían “servicios de gestoría”, cobrando entre 2 mil y 5 mil pesos por supuestos documentos requeridos por Comar, muchos de ellos clonados o completamente apócrifos.
Los denunciantes señalaron al principal implicado como un sujeto de entre 35 y 40 años, de complexión robusta, aproximadamente 1.75 metros de estatura y con tatuajes visibles en ambos brazos. Funcionarios indicaron que ya cuentan con imágenes para integrarlas en las investigaciones y pidieron a la población reportar si lo identifican.
Otro hombre, encargado del cibercafé desde donde se enganchaba a los migrantes, también fue señalado como parte de la red. Testigos lo describen como un individuo de entre 32 y 35 años, barba tipo candado, complexión delgada y alrededor de 1.70 metros de altura. Ambos aseguraban haber sido enviados desde la Ciudad de México para agilizar trámites ante Comar, lo cual fue desmentido por la propia institución.
Migrantes consultados relataron que, al presentar la papelería adquirida en este punto, su solicitud era rechazada por tratarse de documentos sin validez.
Además de las denuncias por fraude, las autoridades detectaron que las casetas elaboradas con tarimas, láminas y materiales reciclados se encontraban sobre derecho de vía, sin permisos municipales ni acceso regular a servicios básicos. Personal de seguridad señaló también la existencia de conexiones irregulares a la red eléctrica, lo que representa un riesgo para los habitantes del área.
Debido a estas anomalías, y tras una mesa de coordinación entre instancias de seguridad y la Fiscalía de Atención a Migrantes, se notificó a los ocupantes el pasado miércoles para abandonar el lugar en un plazo de 48 horas y retirar sus pertenencias.
Este viernes, con la presencia del fiscal de distrito y personal de varias corporaciones, se procedió al retiro de las estructuras improvisadas. A las personas que aún permanecían en el sitio se les solicitó desalojar de manera pacífica y recoger sus objetos personales.
Las autoridades subrayaron que el operativo se realizó respetando los derechos humanos de quienes habitaban el lugar y que continuarán las investigaciones para ubicar y sancionar a los presuntos gestores que operaban en la zona.
