- Cae también su hijo; les aseguran más de 600 mil pesos en efectivo, droga y vehículos de lujo.
Cintalapa de Figueroa, Chiapas.— Un nuevo escándalo de presunta corrupción y vínculos con actividades delictivas sacude al ámbito político y administrativo de Chiapas, luego de la detención de tres integrantes de una misma familia, entre ellos quien se desempeñaba como secretario particular del ex presidente del Congreso del Estado, Ignacio Avendaño, actual titular del ISSTECH.
De acuerdo con información obtenida de fuentes oficiales, elementos del Grupo FRIP, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), Agencia de Investigación Criminal (AIC), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras corporaciones, llevaron a cabo un operativo en el municipio de Cintalapa que derivó en la detención de Luis “N” y su hijo, también identificado como Luis “N”, como probables responsables de los delitos de extorsión, contra la salud y uso de recursos de procedencia ilícita.
Durante la acción policial, realizada en un inmueble de dicho municipio, las autoridades aseguraron 10 bolsitas de nylon con polvo blanco con características similares a la cocaína, así como aproximadamente 600 mil pesos en efectivo, diversos teléfonos celulares, una tablet, un iPad y dos vehículos: una camioneta Jeep Grand Cherokee y una Toyota Tacoma, ambas de color blanco y con placas del estado de Chiapas.
Lo relevante del caso es que Luis “N”, uno de los detenidos, fungía como secretario particular del diputado local Ignacio Avendaño, quien además de haber sido presidente del Congreso del Estado, actualmente encabeza el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), lo que ha generado cuestionamientos sobre el entorno cercano a figuras clave de la administración pública.
Este hecho se suma a la detención previa de la esposa del imputado, quien se desempeñaba como síndico municipal de Cintalapa de Figueroa. La funcionaria fue asegurada por elementos del Grupo FRIP por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, relacionado con el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Según las investigaciones, la síndico habría autorizado y permitido el pago de salarios con recursos públicos a policías municipales que no contaban con la Certificación de Control de Confianza obligatoria, omitiendo denunciar, suspender los pagos o cesar la conducta irregular, lo que ocasionó un presunto daño al erario municipal y al propio sistema estatal de seguridad.
Aunque en el discurso oficial estas acciones son presentadas como parte del combate frontal a la corrupción y la impunidad, el caso pone en evidencia cómo integrantes de ayuntamientos o colaboradores cercanos a funcionarios de alto nivel presuntamente habrían operado actividades ilícitas al amparo del cargo que desempeñaban o de sus relaciones políticas.
Hasta el cierre de esta edición, el ex presidente del Congreso del Estado no ha emitido postura pública alguna respecto a la detención de quien fuera su colaborador más cercano. La pregunta que queda en el aire es si desconocía las presuntas actividades ilícitas de su secretario particular o si, por el contrario, existía algún grado de tolerancia o complicidad.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.
