A más de dos años de iniciada una investigación por supuesta mala praxis en el IMSS, el denunciante acusa omisiones graves por parte de un funcionario de la FGR, quien habría ignorado pruebas clave y paralizado el caso.
Tapachula, Chiapas.— Un caso de presunta negligencia médica ocurrido en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tapachula ha generado inconformidad y señalamientos contra un funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el denunciante acusara que su expediente fue prácticamente archivado sin agotar las líneas de investigación.
De acuerdo con el testimonio, hace más de dos años se interpuso una denuncia formal por mala praxis médica, derivando en la carpeta de investigación FED/CHIS/TAP/000174/2023. El caso se originó tras una intervención quirúrgica en la que, presuntamente, se realizó una apendicectomía y una laparotomía exploratoria sin justificación médica ni consentimiento del paciente, lo que habría resultado en la extracción innecesaria del intestino grueso.
El afectado sostiene que, con fecha 25 de marzo de 2025, presentó como dato de prueba una opinión especializada emitida por la Coordinación General de Especialidades Médicas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se concluye que la atención brindada fue inadecuada, que no se recabó el consentimiento informado y que la intervención derivó en la pérdida injustificada de un órgano.
Sin embargo, acusa que el agente del Ministerio Público Federal, identificado como Leopoldo Hernández Rojas, no habría emitido pronunciamiento alguno ni acordado la recepción de dicha prueba, considerada fundamental para el esclarecimiento del caso.
Asimismo, el denunciante señala que el 3 de septiembre de 2024 presentó una ampliación de la denuncia por el delito de falsificación de documentos públicos. En este documento, asegura haber demostrado la inexistencia de una carta de consentimiento informado para la extracción del intestino grueso, además de evidenciar presuntas irregularidades en las firmas contenidas en documentos relacionados con anestesiología y el procedimiento quirúrgico, las cuales —afirma— presentan indicios de falsificación.
Pese a la gravedad de estos señalamientos, sostiene que la autoridad ministerial no dio trámite a dicha ampliación, lo que habría derivado en la paralización de la investigación.
Otro de los puntos que ha generado molestia es que, según el denunciante, durante más de dos años no se ha logrado citar ni localizar al médico responsable de la intervención, a pesar de que, asegura, radica en la misma ciudad de Tapachula. Esta situación ha sido calificada como una omisión grave que obstaculiza el acceso a la justicia.
El caso ha sido señalado como un ejemplo de posible negligencia institucional, no solo en el ámbito médico, sino también en el actuar de las autoridades encargadas de investigar. El afectado considera que la falta de diligencia, la omisión en la valoración de pruebas y la ausencia de avances sustanciales reflejan una actuación deficiente que podría derivar en impunidad.
Ante este panorama, hizo un llamado a las autoridades federales para revisar la actuación del servidor público involucrado y garantizar que el caso sea reabierto o reencauzado conforme a derecho, privilegiando el acceso a la justicia y la reparación del daño.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido una postura oficial sobre estos señalamientos. En tanto, el denunciante insiste en que continuará buscando instancias legales y de derechos humanos que permitan que su caso sea investigado de manera imparcial y exhaustiva.
