Cacahoatán, Chiapas. Integrantes de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla del municipio de Cacahoatán, solicitaron a las autoridades continuar con la aplicación del reglamento que regula la actividad de las tortillerías, al señalar que la venta de tortilla mediante repartidores en motocicleta debe realizarse únicamente por establecimientos que cumplan con los requisitos legales y sanitarios establecidos.
En conferencia de prensa, el presidente de la organización, Carlos Alberto Lara, explicó que el objetivo del encuentro fue informar a la ciudadanía sobre el marco legal que regula el funcionamiento de las tortillerías, luego de la inconformidad expresada en días recientes por repartidores que denunciaron presuntas detenciones y restricciones a su actividad.
El dirigente sostuvo que en el municipio existe un reglamento aprobado desde 2006 y avalado por el Congreso del Estado, el cual establece las condiciones que deben cumplir los establecimientos para operar y, en su caso, obtener una licencia que permita realizar ventas fuera del mostrador o reparto a domicilio.
Detalló que las tortillerías deben acreditar diversos requisitos, entre ellos dictámenes de Protección Civil, programas internos de seguridad, estudios estructurales y eléctricos, constancias de uso de suelo, avisos sanitarios ante la autoridad correspondiente, así como estar inscritas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cumplir con sus obligaciones fiscales.
Precisó que la licencia de funcionamiento para venta en mostrador es distinta a la autorización para comercializar el producto fuera del establecimiento, por lo que, dijo, quienes no cuentan con esta última no pueden realizar reparto de tortilla conforme al reglamento municipal.
Durante la conferencia, los industriales señalaron que, de acuerdo con el padrón de la administración anterior, en Cacahoatán existen alrededor de 54 tortillerías, aunque afirmaron que únicamente 12 cuentan actualmente con licencia de funcionamiento vigente.
Aseguraron que la competencia de establecimientos que operan sin regularizarse ha generado afectaciones económicas al sector, al grado de colocar a varios negocios en riesgo de cerrar por la disminución en sus ventas.
Los representantes de la organización indicaron que, pese al incremento en los costos del gas, la harina, la energía eléctrica y otros insumos, el precio del kilogramo de tortilla se ha mantenido sin aumento desde hace más de dos años en los establecimientos que representan.
También señalaron que la comercialización de tortilla mediante motocicletas debe cumplir con normas oficiales relacionadas con el manejo sanitario de alimentos, incluyendo condiciones específicas de transporte, empaque e identificación del producto, así como autorizaciones emitidas por las instancias competentes.
Por su parte, Rubén Toribio Martínez, integrante del Consejo de Vigilancia de la organización, afirmó que la agrupación no busca impedir el trabajo de los repartidores, sino que todas las personas dedicadas a esta actividad cumplan con los mismos requisitos legales para evitar una competencia desleal.
Indicó que, a su consideración, las pérdidas acumuladas por los negocios establecidos durante los últimos meses ascienden a varios millones de pesos, situación que, dijo, ha complicado el pago de salarios y el mantenimiento de las fuentes de empleo.
En tanto, Guisel Berenice Molina Rivera, secretaria de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, señaló que las inversiones realizadas para cumplir con las disposiciones de Protección Civil, sanidad y funcionamiento representan costos importantes para los propietarios, por lo que consideró necesario que exista igualdad en la aplicación de la ley.
Los industriales hicieron un llamado a la ciudadanía para informarse sobre el contenido del reglamento municipal y sostuvieron que su petición no busca prohibir el reparto de tortilla, sino que esta actividad se lleve a cabo conforme a la normatividad vigente.
Finalmente, solicitaron que las autoridades municipales, sanitarias y de protección al consumidor continúen supervisando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, con el fin de garantizar condiciones de competencia equitativa y la protección de los consumidores.
