Personal judicial en Tapachula pide revisar criterios de evaluación laboral
Tapachula, Chiapas.— La revisión de los criterios para evaluar al personal del Poder Judicial de la Federación y la apertura de mesas de diálogo fueron las principales demandas de trabajadores que realizaron una manifestación pacífica en Tapachula.
Los inconformes señalaron que respaldan la capacitación y la evaluación del servicio público, pero consideran que el nuevo procedimiento podría generar incertidumbre sobre su permanencia laboral si incorpora valoraciones que, a su juicio, permiten decisiones discrecionales.
César Hernández, secretario de acuerdos del Poder Judicial de la Federación, explicó que, según la información que conocen, los conocimientos representan el 40 por ciento de la calificación y el resto corresponde a otros componentes.
Cuestionó que algunos factores dependan de la valoración del juzgador y propuso revisar por separado los conocimientos, las capacidades y los indicadores de productividad. También pidió considerar que las cargas de trabajo varían entre empleados y órganos jurisdiccionales.
El trabajador sostuvo que el personal ya ha participado en procesos de preparación y evaluación para acceder a sus cargos, por lo que solicitó tomar en cuenta esa trayectoria al definir las nuevas condiciones.
Por su parte, José de Jesús Soto Ríos, secretario de acuerdos del Juzgado Primero de Distrito y uno de los dos delegados sindicales en Tapachula, informó que solicitan al Órgano de Administración Judicial dejar sin efecto el acuerdo cuestionado y construir una nueva propuesta con participación de la base trabajadora y las agrupaciones sindicales.
Señaló que entre los inconformes hay empleados con más de dos y tres décadas de servicio, quienes expresan preocupación por los efectos que las evaluaciones pudieran tener sobre su estabilidad económica y familiar.
Soto Ríos indicó que la evaluación para secretarios está prevista para el 4 de diciembre. Consideró insuficiente el tiempo de preparación frente a las responsabilidades diarias y las jornadas que, afirmó, en algunos casos se prolongan después del horario habitual.
Aunque reconoció que el órgano administrativo ha señalado que la evaluación de este año será de diagnóstico, pidió precisar qué ocurrirá en los siguientes ejercicios y cómo se utilizarán sus resultados.
Los manifestantes también plantearon la necesidad de contar con mecanismos de atención a quejas por presunto acoso y hostigamiento laboral, al advertir que las evaluaciones deben ofrecer garantías frente a posibles decisiones arbitrarias.
El delegado informó que entregarían escritos a los titulares de los órganos jurisdiccionales para hacer llegar sus propuestas a las instancias centrales. Añadió que conocían un comunicado de la autoridad administrativa con disposición al diálogo y esperaban que se tradujera en reuniones con sus representantes.
Sobre las acciones posteriores, señaló que dependerían de las negociaciones y de la respuesta a sus peticiones. Los riesgos para la permanencia laboral expuestos durante la protesta corresponden a la interpretación de los trabajadores entrevistados.
