Transportistas de Tapachula adheridos al Frente de Defensa del transporte estatal y federal de la Costa, Sierra y Frontera, hacen un llamado e invitan a los transportistas concesionados en la modalidad de taxis y colectivos, para que se organicen y defiendan su patrimonio como terceros afectados en contra del amparo con el que jueces pretenden obligar a la Secretaria de Movilidad y Transporte a concesionar 126 unidades.
El amparo 290/2020 del juzgado tercero de Tapachula, es promovido por Joaquín Morales Díaz, quien mantiene como una actividad económica promover el pirataje, para después con engaños y argucias engañar o chantajear a las autoridades y promover amparos, el llamado es urgente porque de no apersonarse los concesionados, como terceros afectados los jueces van a obligar a la secretaria de movilidad y transporte a concesionar 126 unidades y con ello se estaría dando un concesionamiento anticipado beneficiando únicamente a el rey de los piratas.
Se trata de evitar lo que equivaldría a un concesionamiento anticipado al emplacar esas unidades, expuso en entrevista Noé Pinto Pinto, quien enfatizó que los transportistas como terceros perjudicados deben apersonarse al juzgado tercero, el concesionamiento anticipado en favor de una sola persona le quita la oportunidad a quienes les corresponde el legítimo derecho, porque Joaquín Morales acaparará el mayor número de unidades.
A los transportistas interesados en información se pone a disposición el número de celular 9621147784 del Frente de Defensa del Transporte Estatal y Federal, en caso de no haber apersonamiento antes del 4 de noviembre del 2020, día en que será la audiencia constitucional el juez podría otorgar una orden de emplacamiento a unidades en favor del grupo de Joaquín Morales Díaz.
Y es que el llamado “rey del Amparo”, Joaquín Morales Díaz, mantiene vigente un considerable número de amparos de taxis y colectivos de distintas rutas en Tapachula, es necesario que los transportistas reclamen su legítimo derecho al ser afectados en las rutas de las unidades que pretenden emplacar para no enfrentar un concesionamiento anticipado para una sola persona y con ello dejar sin oportunidad de concesionar a muchas personas con el derecho legítimo a poseer un documento para trabajar en el transporte público.
En distintas ocasiones se ha señalado al grupo de Joaquín Morales Díaz de traficar con amparos, mediante argucias engaña o corrompe a funcionarios menores para después realizar este procedimiento que le ha dejado cuantiosas ganancias pero con grave afectación a los transportistas, en uno de los casos el del amparo 1804/2017, la autoridad evitó una ampliación de ruta al demostrar legalmente que se habían presentado documentos con firmas apócrifas.
