Tapachula, Chiapas.– Dos vendedoras ambulantes fueron brutalmente agredidas en pleno centro de Tapachula por un comerciante identificado como Carlos “G.G.”, conocido popularmente como “el señor de los pantalones”, quien desde hace varios años mantiene invadida la banqueta de la 10ª Avenida Norte, entre 7ª y 9ª Calle Poniente, donde instaló techado y exhibidores sin contar con permisos municipales.
De acuerdo con los locatarios y vendedores de la zona, el sujeto ha generado conflictos constantes al apropiarse del espacio público para colocar su negocio, sin que las autoridades municipales intervengan a pesar de las reiteradas quejas. Señalan que este comportamiento ha derivado incluso en agresiones físicas contra quienes se oponen a sus acciones.
Las víctimas de este reciente ataque fueron identificadas como Sandra Luz “N.” y Guadalupe Chayés García, vendedoras ambulantes, quienes denunciaron que el hombre las golpeó con el puño durante una discusión por el espacio de venta. Testigos relataron que Carlos “G.G.” actuó con evidente prepotencia, como en anteriores ocasiones en las que ha protagonizado altercados con otros comerciantes.
Ambas mujeres forman parte del sindicato ACET, el cual promueve el respeto y la convivencia en la actividad comercial. Sin embargo, señalaron que el agresor desacata las normas internas y busca imponerse mediante violencia e intimidación.
Los comerciantes exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que analice el video que circula en redes sociales y que muestra claramente la agresión, a fin de que se proceda legalmente contra el responsable. Recordaron que en Chiapas la violencia física contra mujeres está tipificada en el Código Penal del Estado, incluso cuando no existe relación familiar entre agresor y víctima.
El Artículo 164 Bis y 164 Ter establecen penas de 2 a 6 años de prisión por lesiones cometidas contra una mujer en un contexto de violencia de género, así como multas y reparación del daño. Si las lesiones tardan más de 15 días en sanar o ponen en riesgo la integridad de la víctima, la pena puede aumentar hasta 8 años.
Además, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga a las autoridades a actuar de manera inmediata para prevenir, investigar y sancionar cualquier agresión contra mujeres, incluso cuando ocurre en espacios públicos.
Comerciantes de la zona aseguraron que esta agresión no es un hecho aislado, sino parte de una serie de actitudes violentas que el hombre ha exhibido durante años, por lo que solicitaron la intervención urgente del Ayuntamiento y de la Fiscalía para evitar nuevas agresiones y garantizar la seguridad de quienes trabajan en la vía pública.
Las víctimas presentaron ya la denuncia formal y pidieron que el Ministerio Público integre el material videográfico como prueba directa de la agresión, mientras esperan que la autoridad competente aplique la ley y sancione al responsable.
