Transportistas de municipios de la costa de Chiapas denunciaron una vez más el acoso de parte de bandas delictivas dedicadas a las extorsiones y al cobro de piso que operan en aparente impunidad, los que, a través de llamadas telefónicas a concesionaros de taxis y colectivos de colectivos, así como comerciantes y empresarios los amenazan de muerte a ellos y miembros de sus familias y los condicionan a pagar la cuota semanal establecida, lo que genera que vivan en permanente temor y zozobra.
El consejo directivo del Frente del Transporte Estatal y Federal Costa Sierra y Frontera hizo un llamado a las autoridades de seguridad y justicia de los tres órdenes de gobierno que se reúnen en las mesas de seguridad a coordinar esfuerzos para atender este flagelo ante el que mantienen el temor y sospecha de que pudiera haber miembros de la policía al servicio del crimen organizado y no a la sociedad productiva.
En ocasiones anteriores el Frente del Transporte que agrupa organizaciones de las distintas modalidades de transporte publico de pasaje hizo un reconocimiento al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al fiscal general del Estado Olaf Gómez Hernández por haber desplegado fuerza de inteligencia y operativos que permitieron atender el tema, detener a miembros de la organización criminal, regresar a la tranquilidad durante algunas semanas pero que posteriormente los extorsionadoras volvieron a la actividad delictiva con la misma forma de operación pero con acciones más violentas.
Las agresiones a balazos registradas en las últimas semanas en municipios de la costa de Chiapas que han dejado muertos, unidades quemadas e incluso agresiones contra personal uniformado, ha sido adjudicada por los mismos cobradores de piso como medida de presión y represalia en contra de transportistas y comerciantes que se habían negado a pagar la cuota para comprar seguridad.
La petición del sector transportistas es que las acciones de seguridad e inteligencia que se desplegaron para la detención inicial de algunos miembros de las bandas delictivas se vuelvan a poner en marcha, consideran que a pesar de las instrucciones de los altos mandos del gobierno estatal y de la FGE el tema ha sido abandonado y no han tenido respuesta a sus nuevas peticiones a través de escritos y procedimientos institucionales.
Refirieron que la entrega de teléfonos económicos para que sea el medio de comunicación entre los delincuentes y directivos de las organizaciones productivas víctimas, la logística y operación del cobro de piso, las amenazas y las agresiones a balazos han sido protagonizadas por motociclistas que se desplazan en unidades sin placas de circulación que abundan en la región y que nadie trata de regularizar la circulación.
Las víctimas del pago de protección a los delincuentes expresan su preocupación y temor toda vez que se niegan a que Chiapas impere la injusticia, la impunidad y se permita la permanencia de sujetos que solo extienden la mano para tomar el dinero que con esfuerzo ganan y que además tengan que vivir amenazados con sufrir daño en la integridad de las familias de quien se niegue a pagar.
Tienen confianza en que el estado nuevamente gire instrucciones para atender el tema, que haya continuidad e investigación para desterrar estas bandas delictivas, que incluya a todos los miembros de la extorsión no solo a aquellos que recogen el dinero y que son detenidos sino a los intelectuales y operadores para que no regresen a operar y desestabilizar a Chiapas.
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