- Vicente Ángel Cortez Roblero recuperó su libertad después de permanecer varios meses detenido. Su familia sostiene que fue acusado de despojo y ecocidio únicamente por documentar con su teléfono un operativo realizado en Motozintla.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 29 de agosto de 2026.— La actuación de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y de la Policía Municipal de Motozintla quedó bajo serios cuestionamientos tras la liberación de Vicente Ángel Cortez Roblero, quien permaneció encarcelado desde el pasado 10 de marzo por delitos que, según su familia, le fueron fabricados después de grabar un operativo de desalojo.
Vicente Ángel recuperó su libertad luego de diversas acciones realizadas por la Colectiva Madres en Resistencia Chiapas, en coordinación con su madre y su esposa. Ambas denunciaron presuntas irregularidades en su detención y llevaron el caso ante el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado para solicitar que fuera revisada su situación jurídica.
La detención ocurrió durante un desalojo ejecutado en las inmediaciones del río Xelajú, en Motozintla. De acuerdo con los familiares, Vicente Ángel no participaba en ninguna ocupación ilegal ni causaba daños ambientales; únicamente utilizaba su teléfono celular para documentar la actuación de los elementos de seguridad.
Aquel día fueron detenidas 19 personas. La mayoría recuperó posteriormente su libertad, pero Vicente Ángel y Gabriel Hernández permanecieron sujetos a proceso por los delitos de despojo y ecocidio en áreas verdes protegidas. Para sus familias, las acusaciones fueron utilizadas como una medida de represalia contra quienes presenciaron y registraron el operativo.
El caso obliga a cuestionar hasta dónde pueden llegar las corporaciones policiacas cuando no existen controles efectivos sobre su actuación. Grabar un operativo no constituye un delito y tampoco debería convertirse en motivo para detener, intimidar o mantener durante meses a una persona tras las rejas.
La madre de Vicente, Elizavila Roblero Escalante, sostuvo desde el principio que su hijo fue detenido por documentar los hechos. Durante meses exigió justicia y denunció que las acusaciones no correspondían con lo ocurrido. Su testimonio coloca bajo sospecha los informes elaborados por los policías municipales y los elementos de la Fuerza Pakal que participaron en el desalojo.
Aunque Vicente Ángel continuará enfrentando su proceso judicial fuera de prisión y su liberación no representa todavía una sentencia absolutoria, el caso evidencia la facilidad con la que una acusación policial puede arrebatarle meses de libertad a una persona. También deja una pregunta que las autoridades deben responder: ¿quién investigará a los elementos que presuntamente alteraron o fabricaron los hechos para justificar la detención?
La Colectiva Madres en Resistencia Chiapas informó que continuará acompañando a la familia y vigilando el desarrollo del procedimiento. Ahora corresponde al Poder Judicial esclarecer las acusaciones, pero también a la Fiscalía investigar si existió abuso de autoridad, falsedad en informes oficiales o fabricación de delitos por parte de los agentes involucrados.
