Organismos productivos y sociales hacen un llamado al gobierno mexicano y al de Chiapas a no permitir que criminales que llegan a México con historial delictivo, muchos de ellos miembros de la Mara Salvatrucha o Barrio 18, se establezcan en nuestro territorio bajo el amparo de una migración por razones humanitarias, exigen que al ser detenidos por cometer delitos en nuestro país sean deportados a sus países de origen y entregado a sus autoridades.
Se señala que, si al presidente de El Salvador no le tiembla la mano para enjuiciar a sus connacionales miembros de pandillas criminales, México tiene que deportar a quienes cometan delitos en México y que sean enjuiciados en su país de origen.
En la costa de Chiapas, los empresarios y profesionistas, comerciantes y la sociedad en general enfrenta un clima de inseguridad con un marcado incremento en las extorsiones y cobros de piso, a pesar de las detenciones y aseguramientos, las victimas siguen pagando semanalmente una cuota de protección para evitar ser atacados ellos, sus familias o sus bienes, porque a pesar de las denuncias las amenazas continúan, las cuentas para los depósitos siguen abiertas y parte de las bandas deambulan por la ciudad.
Representantes de la Canaco Servitur y Canacintra, del transporte organizado, así como organizaciones sociales han señalado que no se trata de xenofobia ni de estigmatizar a todos los extranjeros, pero tampoco de proteger a quienes llegan a nuestro país huyendo para evadir la acción de la justicia como lo ha señalado el presidente de El Salvador Nayib Bukele en relación a sus compatriotas miembros del crimen para reducir la tasa de homicidios
Y es que a la par de las extorsiones y cobros de piso, la reciente declaración del mandatario salvadoreño en relación a la declaratoria de régimen de excepción y la captura masiva de los miembros de las pandillas que operan en ese país provocó que varios de ellos huyeran hacia México en semanas recientes, se “exiliaron” en territorio mexicano para evitar el castigo de la justicia salvadoreña, lugartenientes y miembros de las pandillas operan y dan instrucciones desde México.
La postura de organismos sociales como la del dirigente de Nueva Generación Vinculación social, Alfredo de la Cruz Cordero y el de la Coces Francisco Aranda Tinajero señalan que el gobierno mexicano debe velar por la seguridad de sus connacionales expulsando y entregando a los extranjeros que cometan delitos en territorio mexicano, pues hay indignación de la sociedad por la pasividad y omisión en relación a ilícitos cometidos por parte de inmigrantes.
No es posible que se piense que un delito cometido por un extranjero, sea robos, secuestros, asesinatos, extorsiones queden impunes, las autoridades deben aplicar la ley y actuar con mano firme cuando se afecta la paz y la tranquilidad de la población de razones criminales o de seguridad.
